Inversión pública, crecimiento del PIB y el modelo que cambió Bolivia

Junto a la voluntad de integración del pueblo boliviano, el Estado Plurinacional de Bolivia reconoce, respeta y protege las inversiones e iniciativas privadas que contribuyen al desarrollo económico y social, con el objetivo de fortalecer la independencia económica del país.

El marco legal para las actividades económicas se traduce en el libre ejercicio de la actividad empresarial y la creación de un clima propicio para cada inversión. Estas premisas están incluidas en la Constitución del Estado (CPE), aprobada por el presidente Evo Morales en febrero de 2009, tras un referéndum en enero del mismo año y una Asamblea Constituyente que redactó dicha Constitución entre 2006 y 2007.

La Constitución protege los modos de producción como comunitaria, cooperativa, privada y social; también fomenta la participación activa del Estado en la economía mediante la mejora de la inversión pública. En 2012 la inversión pública alcanzó los USD 3.252,5 millones.

Recientemente, los recursos fiscales impactaron favorablemente en la economía nacional, a fin de superar con éxito los efectos adversos de la crisis aguda de 2008-09, la crisis financiera internacional y que aún persiste.

Además de la inversión pública durante los últimos años, se tomaron medidas gubernamentales encaminadas a mejorar la política macroeconómica y la administración de las finanzas públicas como parte de fortalecer el nuevo modelo económico adoptado desde 2006.

La implementación de estas medidas ha dado lugar a resultados macroeconómicos positivos, indicadores que se pueden apreciar en el superávit fiscal consecutivo logrado en 2011 (0,8%), 2010 (1,7%), 2009 (0,1%), 2008 (3,2%), 2007 (1,7%), 2006 (4,5%); y el crecimiento del producto interno bruto (PIB) de 5,09% (2011), 4,13% (2010), 3,36% (2009), 6,15% (2008), 4,56% (2007) y 4,80% (2006).

Redistribución de ingresos, transferencias sociales y reducción de la pobreza

Gracias a la adecuada administración de los recursos públicos y a las adecuadas medidas macroeconómicas, el gobierno ha podido crear programas sociales a sectores específicos de la población que permitan redistribuir parte de los ingresos fiscales entre los sectores más necesitados. Por ejemplo, en 2011, la transferencia monetaria condicionada “Juancito Pinto” alcanzó 1.688.268 alumnos de primero a octavo grado de escuelas primarias públicas.

Otra transferencia de efectivo condicional denominada «Juana Azurduy» se benefició en el mismo año 277.004 mujeres embarazadas y 406.135 niños, así como la “Renta Dignidad”, una transferencia no condicionada para personas mayores, que alcanzó 896.470 personas.

La redistribución del superávit económico repercutió favorablemente en la reducción de la pobreza extrema del 38,2% (2005) al 24,3% (2011). Otro ejemplo de la política social del Gobierno es el aumento de 53% sobre el salario de maestros y trabajadores de la salud entre 2006 y 2011, mientras que el salario mínimo nacional se elevó de Bs440 en 2005 a Bs815 en 2011, hasta llegar a los 2.164 en 2021.

Luego del cambio de gobierno en 2019, las decisiones económicas que se tomaron no surtieron, por suerte, un efecto negativo en la economía general, puesto a que no se cambió el modelo, sino se siguió el mismo, incluso luego de la llegada de la pandemia del coronavirus.

 

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